Por Redacción Los Reporteros

El escenario de la libertad de expresión, el acoso digital impulsado desde las altas esferas del Poder Ejecutivo y los compromisos internacionales en materia de derechos de las mujeres ingresan en un punto de estricta auditoría, obligando a nuestra comunidad de lectura atenta a fiscalizar los desbordes del discurso público. La denuncia penal formulada por Elisa Carrió traslada el hostigamiento de las redes sociales al fuero represivo de la Justicia Federal. El examen del escrito confirma que el uso sistemático del insulto desde la investidura presidencial configura una clara maniobra de intimidación y abuso de poder.

Los tres ejes de la denuncia contra Milei: Violencia de género, contrapunto histórico y alerta de organismos

El desglose de la presentación judicial y de las repercusiones institucionales permite resumir los pilares de la demanda:

• Abuso de autoridad y tipificación de violencia: Carrió argumentó que los agravios presidenciales ("zurda inmunda", "basura corrupta") exceden la libertad de opinión y configuran violencia de género, digital, mediática e institucional, violando tratados internacionales con jerarquía constitucional. Asimismo, solicitó formalmente la actuación de la UFEM.
• El giro del archivo sobre 2015: Frente a las acusaciones de Milei encasillando a Duffard como "cómplice del kirchnerismo", la periodista aclaró que en 2015 investigaba la corrupción K en el programa de Jorge Lanata, al tiempo que recordó que en ese mismo año Milei asesoraba al equipo económico de Daniel Scioli a través del Banco Provincia conducido por Guillermo Francos.
• Llamado de atención de entidades de prensa: Organizaciones como FOPEA y ADEPA manifestaron su profunda preocupación ante la campaña sistemática de amedrentamiento en redes, advirtiendo sobre el efecto de autocensura e intimidación que genera la difamación dirigida desde la máxima magistratura del país.

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