Perú impone restricciones al maquillaje, cabello largo y celulares en escuelas públicas
Las políticas educativas en la región, la avanzada de recetas autoritarias sobre los derechos de niños y adolescentes, y la utilización de los reglamentos escolares como laboratorio de control social ingresan en un punto de estricta fiscalización
Por Redacción Los Reporteros
El anuncio realizado por el gobierno peruano encabezado por Keiko Fujimori, estableciendo un paquete de severas restricciones a la vestimenta, la presentación personal y la conducta en colegios públicos, reactiva el debate continental sobre los límites de la disciplina estatal en el ámbito pedagógico. El examen de los anuncios gubernamentales confirma que la batería de medidas incluye la prohibición explícita de usar maquillaje, llevar el cabello teñido o con cortes fuera del canon tradicional, usar uñas pintadas, portar dispositivos electrónicos y la restitución del esquema de expulsión directa ante faltas consideradas graves.
Bajo la consigna de que "el orden no solo tiene que estar en las calles, sino que debe regresar a nuestras escuelas", las autoridades peruanas defendieron el regreso de los reglamentos rígidos. Según detalló el Ministerio de Educación, el nuevo régimen clasificará las conductas en un escalafón que va desde amonestaciones leves y restricción de recreos hasta la "separación definitiva" o expulsión directa del establecimiento educativo. Paralelamente, se instruyó un estricto control sobre el largo de las faldas del uniforme y el peinado de los estudiantes, inspirándose en narrativas de corte punitivo que buscan asociar la estética juvenil con la indisciplina o la falta de autoridad.
Diversos organismos de derechos humanos y colectivos pedagógicos advierten que estas resoluciones retrotraen la gestión escolar a épocas oscuras de adoctrinamiento formal, vulnerando el derecho al libre desarrollo de la personalidad y canalizando la crisis del sistema educativo hacia el castigo individual de las y los estudiantes en lugar de resolver la falta de presupuesto, la infraestructura deteriorada o la precarización docente.
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