Por Redacción Los Reporteros 

La medida, formalizada mediante el Decreto 1203/2026 publicado en el Boletín Oficial, busca profundizar el reordenamiento del Estado y fija un plazo de adhesión de un mes.

 Plazos, requisitos y tres esquemas de retribución

La ventana de inscripción para los estatales estará abierta del 1° al 30 de noviembre de 2026 (con opción de prórroga por otros 30 días adicionales). La norma establece que la adhesión implica el cese automático de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario. Además, impone una cláusula de inhabilitación por la cual los trabajadores que opten por el retiro no podrán reingresar a la función pública nacional durante ocho años.

El decreto segmenta a los postulantes en tres grupos según la edad y su situación previsional:

1. Próximos a jubilarse sin aportes suficientes: Para mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 sin los 30 años de aportes. Podrán optar entre una gratificación única o el cobro del 60% del haber mensual bruto durante un período de hasta 36 meses.
2. Próximos a jubilarse con aportes completos: Para mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 años con 30 años de aportes acreditados. Percibirán un salario bruto por cada año de antigüedad más cinco sueldos adicionales.
3. Resto del personal de planta: Para mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. Recibirán un sueldo por año de antigüedad (con un tope de hasta 20 remuneraciones), sumado a un adicional de entre cuatro y cinco sueldos según superen o no los 15 años de servicio.

 Excepciones y facultad de rechazo

La normativa explicita que quedan excluidos del régimen el personal de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y organismos descentralizados que cuentan con personería o estructura jurídica propia (como la ANSES). Asimismo, no podrán adherir quienes tengan sumarios administrativos graves o procesos penales pendientes.

Un punto destacado de la reglamentación es que la solicitud no es de aceptación automática: los titulares de cada ministerio o jurisdicción tendrán un plazo de 40 días para evaluar y eventualmente rechazar las solicitudes si consideran que la baja compromete la prestación de un servicio esencial. De no mediar una aprobación expresa en dicho lapso, el pedido se considerará automáticamente rechazado.

Nuestra redacción en X (@LosReporterosOK) sigue en tiempo real las repercusiones gremiales e institucionales del anuncio.