Por Redacción Los Reporteros

El escenario de la vigencia del DNU 70/2023, la protección de los recursos naturales estratégicos y los requisitos procesales de legitimación activa para litigar ante el Máximo Tribunal ingresan en un punto de estricta auditoría, obligando a nuestra comunidad de lectura atenta a fiscalizar los fallos clave del Poder Judicial. El fallo de la Corte Suprema consolida la desregulación del mercado inmobiliario rural establecida por la gestión de Javier Milei. El examen del fallo confirma que los magistrados priorizaron las exigencias formales sobre la existencia de un perjuicio concreto y directo antes de ingresar al análisis de fondo de la norma.

Los tres ejes del fallo de la Corte: Falta de 'caso', confirmación de la derogación y señal al ámbito empresarial

El desglose del pronunciamiento del tribunal integrado por los ministros de la Corte permite resumir los aspectos salientes de la jornada:

• Ausencia de 'caso contencioso': La Corte Suprema fundamentó su decisión en que las entidades empresariales o gremiales no cuentan con la representación directa ni demuestran un "perjuicio concreto, individualizado y tangible" para impugnar de manera colectiva la derogación de la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Pose o Tenencia de las Tierras Rurales.
• Consolidación del marco del DNU 70/23: Con este rechazo, se mantiene plenamente operativa la eliminación de los límites porcentuales (15% a nivel nacional, provincial y municipal) que restringían la compra de hectáreas productivas en manos de inversores o firmas extranjeras.
• Precedente procesal firme: El tribunal reafirmó su doctrina histórica que impide utilizar las acciones judiciales como mecanismos de consulta teórica o abstracta sobre la constitucionalidad de decretos o leyes, cerrando el margen a presentaciones institucionales sin afectación patrimonial directa.

El debate de las tierras y el fallo en nuestras plataformas digitales

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