OFENSIVA JUDICIAL | La defensa de Cristina Kirchner presentó nuevas pruebas a su favor
Repasamos la estrategia de la defensa técnica de la expresidenta ante Comodoro Py. Buscarán incorporar nuevos informes periciales e insumos documentales para refutar las acusaciones por la obra pública en Santa Cruz.
Por Redacción Los Reporteros
os representantes legales de la expresidenta Cristina Kirchner anunciaron que un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad reveló un informe interno que desmiente que la exmandataria haya querido beneficiar con licitaciones al empresario Lázaro Báez. Según expusieron, entre 2009 y 2015 hubo una inversión de más de 2.000 millones de dólares, y que su grupo empresario "tuvo una participación ínfima en la destinación de fondos".
Los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego realizaron una conferencia de prensa para presentar una nueva prueba con el que intentarán demostrar ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que fue una sentencia "absolutamente injusta" y que se condenó a una persona "inocente".
Según explicó Beraldi, el 6 de agosto pasado, durante la causa Cuadernos, un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad compareció como testigo propuesto por la Fiscalía y reveló "una planilla" con el detalle de las inversiones del organismo entre 2009 y 2015.
"Nos encontramos que entre ese período, la inversión que se había hecho era enorme, más de 2.000 millones de dólares, pero lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%. Esto demuestra, con un elemento concreto, que lo que se había dicho en la sentencia, que se lo había querido beneficiar a Lázaro Báez, era falso", indicó.
Además, Beraldi aseguró que, entre las empresas que lideraban el ranking de mayores licitaciones obtenidas, la de Báez se encontraba "en un lugar muy relegado" y que, en contrapunto, el principal destinatario fue "una empresa que pertenecía a un primo del expresidente Mauricio Macri".
La comparación con la empresa de Macri
Fue Rafael Valim quien exhibió el detalle de los números y afirmó que la constructora más beneficiada entre 2009 y 2015 fue IECSA S.A., fundada por Franco Macri, con el 16,36% del total de 2.200 millones de dólares. "Esos datos ponen a la acusación en una contradicción radical e insostenible", señaló.
Según explicaron, este nuevo elemento permitirá primero incluirlo en la presentación realizada recientemente ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y luego presentar un "recurso de revisión" ante la Cámara de Casación.
"Hoy tenemos un elemento prueba nuevo que no existía en el momento en que se emitió la sentencia", agregó Beraldi.
Desde junio del 2025 que la exmandataria se encuentra detenida en su casa en cumplimiento de la condena de seis años de prisión con inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Los jueces de la Corte Suprema ratificaron la sentencia, motivo por el que sus abogados abrieron una nueva instancia ante la ONU.
La expresidenta fue condenada por el delito de "administración fraudulenta" en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz, conocido como la causa Vialidad.
Los tres ejes de la presentación: Nuevos peritajes, cuestionamiento a la acusación y estrategia judicial
El desglose de los pasos procesales permite resumir las claves de la jugada defensiva:
- Inclusión de nuevos informes técnicos: La defensa busca sumar auditorías y peritajes sobre la ejecución y costos de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz, intentando demostrar la inexistencia de sobreprecios o direccionamientos deliberados.
- Ataque a la hipótesis de la fiscalía: Los letrados mantendrán la postura de que no existen resoluciones ni firmados directos de la ex mandataria que configuren los delitos imputados, insistiendo en que las partidas presupuestarias fueron aprobadas soberanamente por el Congreso de la Nación.
- Agotamiento de instancias internas e internacionales: La maniobra procesal apunta no solo a incidir en la resolución de los recursos pendientes en los tribunales locales, sino también a consolidar el expediente de prueba de cara a eventuales recurrimientos ante organismos internacionales de Derechos Humanos.
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