Por Redacción Los Reporteros

El escenario del comercio exterior y las reformas del Estado ingresan en un tramo de turbulencia política, obligando a nuestra comunidad de lectura atenta a auditar los repliegues de Balcarce 50. De acuerdo con las resoluciones de la Secretaría de Transporte procesadas por los monitores del SGC, el oficialismo sumó su segundo freno de peso en menos de 48 horas. El examen detallado de las negociaciones confirma que la firme oposición de los sindicatos del sector fluviomarítimo y las advertencias técnicas sobre la soberanía y la seguridad en los ríos obligaron al equipo económico a congelar la medida antes de desencadenar un paro total de actividades en el Gran Rosario y el Puerto de Buenos Aires.

Los tres ejes de la marcha atrás: La presión portuaria, la seguridad en la Hidrovía y la acumulación de derrotas

El desglose del conflicto en las terminales permite trazar un mapa de precisión sobre la marcha atrás del Gobierno:

• La traba técnica y de seguridad: El practicaje es el servicio obligatorio que prestan capitanes expertos para guiar a los buques de gran calado por los canales sinuosos del Río de la Plata y el Paraná. La desregulación pretendía abaratar tarifas y permitir mayor flexibilidad a las navieras, pero los especialistas advirtieron que desproteger el sistema multiplicaba exponencialmente el riesgo de varaduras, colisiones y desastres ambientales en la Vía Navegable Troncal.
• El frente gremial en pie de guerra: Los sindicatos del sector —encabezados por el Centro de Patrones y Oficiales Rivereños y la Federación Marítima Portuaria (FeMPINRA)— habían cerrado filas amenazando con paralizar de forma absoluta la salida de los granos exportables si se avanzaba con el decreto. El costo político y financiero de bloquear las divisas del agro obligó al Palacio de Hacienda a recalcular.
• Acumulación de reveses políticos: La decisión se produce justo después del duro revés legislativo en la Cámara Alta, donde la oposición logró bloquear la modificación de la Ley de Manejo del Fuego e impactó sobre el proyecto de Ley de Tierras. El Ejecutivo muestra una creciente dificultad para imponer reformas estructurales cuando chocan de frente con consensos técnicos o bloques sindicales consolidados.

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