Por Redacción Los Reporteros

El escenario de la privatización de los corredores viales, la tasa implícita en los surtidores y la disparada de los costos de transporte de cargas ingresa en un punto de estricta auditoría, obligando a nuestra comunidad de lectura atenta a revisar las cuentas del sector logístico. De acuerdo con el reporte publicado por Diario Popular y procesado por los monitores del SGC, el nuevo esquema de concesión implica un doble costo para el usuario de las carreteras. El examen detallado de la ejecución presupuestaria confirma la retención de los giros para la conservación vial.

Los tres ejes de la controversia vial: Transferencia a privados, caja fiscal retenida y encarecimiento del flete

El desglose de los puntos críticos del plan oficialista permite reconstruir el impacto económico en la infraestructura del país:

• Concesiones y cobro directo en cabinas: El plan del Ministerio de Economía apunta a privatizar miles de kilómetros de rutas nacionales, traspasando a empresas operadoras la responsabilidad del bacheo, la señalización y el mantenimiento a cambio del cobro de tarifas de peaje con actualizaciones periódicas.
• Retención de los fondos específicos del ICL: Pese al traspaso del mantenimiento a manos privadas, el Tesoro Nacional continúa percibiendo la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Dicho tributo, creado originalmente con asignación específica para financiar obras viales e infraestructura, queda desviado para sostener el superávit fiscal.
• Doble impacto sobre el costo logístico: Transportistas y PyMEs advierten por el "doble pago": por un lado, abonan el impuesto en cada carga de nafta o gasoil en el surtidor y, por el otro, deben pagar las nuevas tarifas de peaje para circular, un combo que se trasladará directamente a los precios de las mercaderías.

El debate de las rutas en nuestras plataformas digitales

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