BUENOS AIRES – La política de déficit cero del Gobierno Nacional ha llegado a una de las áreas más sensibles: la salud pública. Según datos recientes, la ejecución presupuestaria en salud muestra caídas reales que encienden las alarmas en hospitales y centros de atención. El "motosierra" sobre los fondos públicos está generando una situación de incertidumbre extrema para miles de personas que dependen del Estado para sobrevivir.

Medicamentos bajo la lupa

Uno de los puntos más críticos es la distribución de medicamentos para patologías graves y enfermedades crónicas. Los retrasos en las licitaciones y la suspensión de envíos han dejado a pacientes oncológicos y con HIV en una situación de desamparo. Las organizaciones de salud advierten que "la salud no puede esperar a que los números cierren", señalando que una interrupción en estos tratamientos puede ser irreversible.

Los puntos de mayor impacto:

• Recorte en Programas: Caída en la financiación de programas de prevención y control de enfermedades transmisibles.
• Insumos Hospitalarios: Muchos centros de salud denuncian falta de gasas, descartables y reactivos para laboratorios debido a la falta de fondos.
• Pacientes Vulnerables: La paralización de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) ha dejado a cientos de personas sin sus medicamentos de alto costo.

El temor de los pacientes

En los pasillos de los hospitales públicos, el clima es de angustia. Médicos y enfermeros relatan que deben "hacer magia" con los pocos recursos disponibles. "Vemos gente que deja de tomar su medicación porque no puede pagarla y el Estado ya no se la entrega", explican profesionales del sector. Mientras el Ejecutivo defiende el ajuste como un paso necesario para sanear la economía, el costo social en términos de salud pública comienza a ser incalculable.

Análisis de Los Reporteros: La salud no es un número

Entendemos  la necesidad de ordenar las cuentas, pero cuando el ajuste llega a los medicamentos oncológicos o a la guardia de un hospital, el límite se vuelve difuso. El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la salud. Si el superávit se logra a costa de la vida de los más vulnerables, estamos ante una crisis humanitaria silenciosa que pronto dejará de serlo.