Por Redacción Los Reporteros

En una resolución de fuerte impacto político y social, el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba dictó una medida cautelar de alcance nacional que intima al Ministerio de Salud de la Nación a regularizar de forma inmediata las deudas acumuladas con los prestadores de discapacidad. El magistrado Miguel Hugo Vaca Narvaja otorgó un plazo perentorio de 72 horas para que la cartera sanitaria nacional normalice el flujo de fondos destinados al Plan Incluir Salud, luego de que el propio Ejecutivo admitiera retrasos crónicos en los giros que se arrastran desde finales de 2025.

La decisión de la Justicia Federal responde al crítico cuadro de situación denunciado por diversos centros de salud, transportistas y profesionales del sector, quienes alertaron sobre un asfixiante ahogo financiero que ponía en riesgo inminente la continuidad de los tratamientos médicos, terapéuticos y de rehabilitación de miles de personas con discapacidad en todo el país.

Alerta por el corte de tratamientos y clínicas en quiebra

El juez Vaca Narvaja fundamentó la urgencia de la medida cautelar basándose en los alarmantes informes socio-sanitarios incorporados al expediente, los cuales constatan que la cadena de pagos se encuentra virtualmente rota. "Es una situación desesperante y en cualquier momento se van a interrumpir las prestaciones clínicas de los discapacitados", remarcó el magistrado en declaraciones periodísticas, subrayando que la vida y la integridad de los pacientes no pueden quedar sujetas a los tiempos de las auditorías o los recortes presupuestarios estatales.

El fallo dejó al descubierto que los atrasos en los giros no constituyen un mero inconveniente administrativo de traspaso de gestión, sino una amenaza directa y concreta al derecho a la salud de uno de los sectores más vulnerables de la población, el cual enfrenta la angustia cotidiana de ver suspendidos sus servicios esenciales de asistencia y traslado.

Dura advertencia penal para los funcionarios nacionales

Más allá de la intimación administrativa y económica, el juez federal fue categórico al trazar los límites legales de la inacción estatal y lanzó una severa advertencia que apunta directamente a las máximas autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Vaca Narvaja advirtió sobre las severas consecuencias penales que podrían afrontar los funcionarios si deciden dilatar o incumplir la orden judicial.

"Si no comienzan a brindar las prestaciones, abandonan personas y ya se complica la cuestión", gatilló el magistrado, abriendo la puerta a futuras imputaciones penales bajo la figura de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público en caso de que el plazo de 72 horas expire sin que se verifiquen los depósitos correspondientes a las instituciones médicas y prestadores particulares.