Por Redacción Los Reporteros

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dictó una medida clave que promete agilizar de forma drástica los juicios previsionales de miles de pasivos en todo el país. A través de una instrucción interna, el organismo resolvió modificar de manera rotunda su postura en los tribunales y dejará de impulsar apelaciones en aquellas causas donde se discuta la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los haberes de jubilados y pensionados.

La disposición establece una orden directa a los representantes legales de la entidad para que no presenten recursos extraordinarios ni continúen sosteniendo los recursos que hoy se encuentran pendientes ante la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, el fisco nacional da el brazo a torcer en una pulseada judicial histórica, alineándose de forma definitiva con el criterio reiterado del máximo tribunal del país.

El factor "vulnerabilidad" y el antecedente del fallo García

El giro administrativo de ARCA se apoya directamente en la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema, que tiene como piedra angular el célebre fallo "García, María Isabel c/ AFIP" dictado en marzo de 2019. En esa oportunidad, la Justicia determinó que aplicar Ganancias sobre las jubilaciones resultaba inconstitucional si se trataba de personas en condiciones de vulnerabilidad por razones de avanzada edad o de estado de salud.

Aquel caso testigo involucraba a una jubilada de 79 años que sufría severos descuentos sobre sus haberes. La Corte remarcó que el envejecimiento y las enfermedades generan una vulnerabilidad que debe ser tutelada de forma diferenciada por el Estado, un principio que, de forma progresiva, comenzó a replicarse en todas las instancias judiciales inferiores del fuero previsional.

Menos gastos para el Estado y excepciones a la regla

Según la nueva reglamentación dictada por ARCA, cuando los jueces de primera instancia o las cámaras de apelaciones fallen a favor del jubilado ordenando el cese de la retención del impuesto, los abogados del Estado deberán acatar la resolución de forma inmediata. Las discusiones judiciales remanentes se concentrarán de forma exclusiva en la liquidación de honorarios y en la distribución de las costas procesales, lo que evitará que los expedientes sigan sumando años de burocracia inútil y altos costos financieros para el propio erario público.

No obstante, la oficina recaudadora aclaró que se mantendrán ciertas excepciones a esta regla general de no apelación. El organismo continuará batallando judicialmente en aquellos expedientes que hayan sido impulsados en forma colectiva por entidades o asociaciones, o bien en causas particulares donde los técnicos fiscales consideren que existen elementos singulares muy específicos que ameriten un análisis diferencial y puedan hacer variar el criterio de la magistratura.